LA FALTA DE INTEGRIDAD HA ARRUINADO LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE

 

Resumen analítico

Este documento examina, a la luz de testimonios y documentos disponibles, debilidades en el proceso de evaluación de desempeño docente gestionado por el Ministerio de Educación (MINERD), el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de Educación (ANPROTED). Se señalan decisiones y cambios institucionales desde 2022 hasta la actualidad que han afectado la calidad, la transparencia y la legitimidad del proceso. Se enfatiza la necesidad de salvaguardar principios de legalidad, competencia técnica, rendición de cuentas y uso responsable de recursos públicos para garantizar que la evaluación cumpla su propósito de medir para mejorar la calidad educativa.

En el corazón del sistema educativo dominicano, una sombra de mala fe parece haber atravesado la evaluación de desempeño docente desde sus cimientos. La evaluación de desempeño docente es un componente clave de las políticas de calidad educativa. Su diseño, implementación y supervisión deben basarse en principios de transparencia, evidencia, legalidad y participación de actores técnicos. Este análisis sintetiza hallazgos y violaciones observadas en los últimos años en el ciclo de evaluación en la educación dominicana, con la finalidad de promover mejoras sustantivas y fundamentadas en pruebas documentales.

Gestión y contratación de servicios de evaluación

Durante la gestión 2022-2025, se identificaron debates sobre la externalización de componentes de la evaluación de desempeño a una entidad externa. La controversia se cifra en la existencia de contratos con una organización identificada en informes y actuaciones legales como posible interlocutor externo.

Primero, durante la gestión de Ángel Hernández, 2022-2025, emergió una controversia que estremeció a varios observadores. Según demuestra la evidencia documental, descaradamente, el MINERD suscribió un contrato ilegal, grado a grado, con un miembro de la misma Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño Docente, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), para externalizar la evaluación de docentes. La misma empresa habría estado involucrada en situaciones similares en la frustrante evaluación de desempeño docente realizada en el año 2017, lo que llevó a cuestionamientos sobre su idoneidad y legalidad. En consecuencia, esta contratación fue llevada a instancias judiciales, por la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana (DR-TESOL) y la misma ADP, por lo que dicha contratación fue cancelada por los tribunales e incluso el presidente de la República habría intervenido para ordenar la suspensión de  aquella alternativa contractual.

En la gestión del Ministro Luís Miguel de Camps, otro eje de la controversia es la contratación, grado a grado, de una empresa externa (EPSI) para desarrollar la plataforma digital de la evaluación, operando al margen de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Esta práctica, abre serias dudas sobre la transparencia, la competencia y el debido proceso, al tiempo que alimentaría sospechas sobre favoritismos y presiones para aprobar resultados. Cuando al Ministerio de Educación se le ha pedido copias de ese contrato, éste se ha negado a entregarlo, alegando que en sus registros no existe tal contratación, violando así la ley de libre acceso a la información pública.

Integridad y composición de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño Docente

Con el cambio a la gestión del Ministro Luís Miguel De Camps, una nueva etapa parecía prometedora, por su énfasis en resolver retrasos históricos de la carrera docente. Sin embargo, lo que la presente gestión del MINERD hizo fue excluir del proceso a tres gremios especializados de docentes, que habían estado en la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño por los pasados 3 años, a DR-TESOL (-inglés), ASONADEDI (directores) y CONDETRE (técnicos), que fueron los tres gremios de docentes más críticos y acuciosos sobre los aspectos técnicos que había que tomar en cuenta en la evaluación.  A esto se sumó la renuncia de la Comisión de Evaluación de la ADP, de su técnico más competente en el área, el Prof. Miguel Ángel Fernández, tras las presiones y cuestionamientos infundados que le hicieron otros dirigentes  del CEN de la ADP, a quienes sólo les interesaba hacer la evaluación rápidamente y cómo sea, prometiendo a los docentes que recibirían una suma cuantiosa de dinero en incentivos, que legítimamente les corresponde por la evaluación de desempeño.

Esa reconfiguración realizada en la gestión de Luís Miguel de Camps fue lo que se usó para reducir la disidencia y facilitar lo que algunos denominan un “caminito” sin oposición para proceder sin mucho cuestionamiento hacia la evaluación, ignorando el rigor técnico que requiere un tema tan complejo como la evaluación educativa.

Vergonzosamente, lo que se ha usado como carnada, para manipular a los docentes a que acepten una evaluación sin mucho cuestionamiento, es la promesa de pago de 12 meses retroactivos, correspondientes a los incentivos que logren, según su calificación en la evaluación de desempeño docente, prometiéndoles que habría una reserva de RD$ 9,000 millones en incentivos para ellos. No obstante, el Portal de Transparencia Fiscal no ofrece evidencias claras de esa reserva ni constancias en el presupuesto anual del MINERD que respalden tal compromiso económico. Este hallazgo aumenta las inquietudes sobre la veracidad de los incentivos y la gestión de fondos destinados a la mejora educativa.

La convergencia de estos hechos ha generado un clima de desconfianza. El Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana advierten que, más allá de la discusión técnica sobre cómo medir el desempeño, lo que prima en el MINERD, el CEN de la ADP y al ANPROTED,  es la politiquería, violaciones a las leyes y el populismo. En este marco, se cuestiona si la evaluación —una herramienta para fortalecer la calidad de la educación pública— está siendo desnaturalizada para servir intereses políticos o corporativos, en detrimento del derecho de los niños a recibir una enseñanza de calidad.

Qué hacer ahora

La credibilidad de la evaluación de desempeño docente depende de un marco institucional sólido, con procesos claros, legales y transparentes. Cualquier cambio en la estructura, contratación o metodología debe fundamentarse en evidencia, adherencia a la normativa vigente y participación de actores técnicos con experiencia y pluralidad.

En conclusión, desde el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana (DR-TESOL) exigimos que se suspenda la ejecución de las etapas pendientes de la Evaluación de Desempeño docente, para que se le dé continuidad al inicio del próximo año escolar y que se aprovechen las venideras vacaciones escolares para garantizarles a los docentes el derecho a la impugnación de las etapas en que ya han participado, para incluir a todos los docentes que han sido ilegalmente excluidos de esta y para fortalecer los mecanismos de control, auditar de manera independiente las etapas de contratación y ejecución, y garantizar que la evaluación de desempeño docente se mantenga fiel a su objetivo central. : identificar oportunidades de mejora y elevar la calidad educativa para beneficio de los docentes y de los estudiantes.