ESQUEMAS CORRUPTOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 

A pesar de que el pueblo dominicano ha exigido por años que los recursos del 4% para la educación se destinen a las áreas más necesitadas y que su inversión sea cualitativa, en los últimos años, las autoridades del Ministerio de Educación han exacerbado el dispendio, la subejecución presupuestaria y el asalto de grupos corporativos al presupuesto de educación, avanzando cada vez más hacia la Privatización de la Educación Pública, disfrazada bajo múltiples facetas, estratagemas y esquemas de hurto de los fondos educativos, ejerciendo un papel notable en la fragilización de la institucionalidad del sistema educativo dominicano. 

Una de las estratagemas más comúnmente utilizadas, para apropiarse de los fondos del 4% para la educación, ha sido la figura de los llamados “CONVENIOS”, firmados entre el Ministerio de Educación, Grupos Empresariales Universitarios, Academias, ONGs locales e internacionales y personas jurídicas independientes, de lo cual, tanto la Dirección General de Compras y  Contrataciones Públicas, como la Contraloría General de la República se han hecho cómplices por omisión, al no objetar su contratación, pago y ejecución.   En particular, el uso de este artificio legal se ha intensificado en la gestión del Ministro Ángel Hernández, quien ha sido recientemente sometido a la justicia, por la Asociación Dominicana de Profesores, ADP y por la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, DR-TESOL, en oposición a la contratación de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, como contratista para llevar a cabo la Evaluación de Desempeño Docente 2024, ya que esta empresa ha sido parte de la Comisión Nacional para la Evaluación de Desempeño Docente, desde su creación, en septiembre de 2022, por lo que resulta ilegal contratarla e intentar pagarle, grado a grado y sin licitación, un monto superior a los RD$ 599,744,000.00 de pesos, en violación a Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. 

En lugar de fortalecer sus capacidades internas y locales, el Ministerio de Educación de la República Dominicana se ha dado a la tarea de tercerizar responsabilidades, procesos y servicios, en sectores empresariales y multinacionales, a través de diversos arreglos institucionales, que conjugan una suerte de responsabilidad compartida, entre el sector público y el privado e incorporan la transferencia de funciones y recursos públicos a terceros, lo que desplaza el rol central del Estado como garante del derecho a la educación e impide el desarrollo institucional del mismo Ministerio de Educación. 

Uno de los muchos impactos negativos que tienen las estratagemas de privatización en el campo de la educación pública apunta hacia la baja calidad, en términos de logros y el poco resultado que evidencian las contrataciones de esta naturaleza, en términos de establecer capacidad instalada en el mismo Ministerio de Educación. Un ejemplo de esto ha sido la elaboración de los libros de texto del Programa Libro Abierto, patrocinado por el Ministro Ángel Hernández, por primera vez en la historia de adquisición de libros de texto para el Ministerio de Educación, fue ejecutado grado a grado y sin licitación, favoreciendo a academias y corporaciones universitarias, sin ninguna experiencia en el área de elaboración de textos escolares, bajo el falso alegato de que estos libros saldrían más baratos al Estado Dominicano, lo que, al final, resultó ser totalmente falso, ya que estos libros de texto salieron más caros y más malos, violando así el derecho de los estudiantes de escuelas públicas a libros de texto adecuados y alejando de sus manos, aún más, el derecho a una educación de calidad.

Estas estratagemas de asalto y privatización, en esencia, violan el derecho de la ciudadanía a la educación pública, lo cual, también, implica la violación de los demás derechos, su defensa y garantía, debilitando el compromiso del Estado con la creación de una sociedad más justa, democrática y ecuánime. Estos procesos subrepticios de privatización de la educación pública gradualmente erosionan la lógica pública de las políticas educativas y debilitan la garantía del derecho a la educación, convirtiéndose en limitantes del de este derecho, ya que, a través de distintas estrategias, lo que hacen es someter intereses públicos y colectivos a motivaciones privadas y particulares y, por esta razón, actúan al margen del control estatal y del debate público.

En estos momentos, el asalto a los fondos del 4% para la educación se basa en fomentar la naturalización de la idea de que la provisión, la gestión y el contenido de la educación escolar pública pueden estar subordinados a iniciativas privadas, aun cuando estén subvencionados con fondos públicos. La sutil introducción de formatos de “iniciativas público-privadas” se ha marcado como alternativa “supuestamente exitosa”, para mejorar la calidad educativa, intentando obliterar el concepto de sistema educativo público y despojarlo de su naturaleza estatal (Kless at al 2012; Robertson e Verger, 2012). Sin embargo, en la República Dominicana, empíricamente, es muy fácil identificar que estas alianzas han sido sólo un asalto a los fondos del 4% para la educación, que no han generado más que un marcado deterioro institucional en el Ministerio de Educación y, tampoco, han generado ninguna mejora en los indicadores de desarrollo de la educación pública.