¿LLEGÓ LA HORA DE LA VERDAD?

EL VERDADERO ASALTO A LA EDUCACIÓN  ESCOLAR

El derecho a una educación de calidad debe siempre ser una prioridad nacional. Pero, garantizar su calidad y continuidad no puede lograrse a costa de una violación constitucional, como la de restringir derechos fundamentales, tales como el derecho a la protesta y al sindicalismo. Es esencial promover un diálogo inclusivo y objetivo, que aborde las verdaderas causas subyacentes de las protestas y fortalezca el sistema educativo, desde sus bases, no desde los intereses de grupos corporativos.

En vista de la tenaz avaricia evidenciada por ONGs y grupos empresariales locales e internacionales, quienes se han dado a la tarea de sacar beneficio económico del presupuesto del 4% para la educación, es menester preguntarse lo siguiente: ¿No ha llegado la hora de penalizar con encarcelamiento el incumplimiento de la Ley General de Educación y la corrupción Ministerial-Corporativa que se genere en el MINERD?

Recientemente, el Señor Darwin Caraballo, consultor uruguayo que ejerce la función de Director Ejecutivo de EDUCA, Acción Empresarial Para la Educación, ha propuesto que en la República Dominicana se limite el ejercicio del derecho constitucional a la protesta, sustentado en una falsa supremacía del derecho a la educación, sobre el derecho a la protesta.  En tal sentido, lo que Caraballo propone supondría una restricción severa de un derecho humano, reconocido internacionalmente. En realidad, este representante del empresariado dominicano maliciosamente pasa por alto las causas estructurales que producen las protestas de los docentes, desviando la atención de la responsabilidad estatal, en garantizar un sistema educativo eficiente y justo. De hecho, las protestas de los docentes se originan precisamente en la ineficiencia y el incumplimiento del Ministerio de Educación con sus funciones y deberes, que es lo que verdaderamente impide que los niños y las niñas de las escuelas públicas dominicanas ejerzan el derecho a la educación. En una propuesta de corte extranjerista, lo que proponen Darwin Caraballo y EDUCA, al erróneamente comparar la realidad dominicana con la de otros países, es lo que el artista Rubén Blades llamaría “Modelos Importados, Que No Son La Solución”.

En su escrito, EDUCA menciona ejemplos de países como Alemania o Chile donde se limitan las huelgas educativas. Sin embargo, estas comparaciones omiten diferencias contextuales significativas, como el nivel de inversión educativa, los bajos índices de corrupción, las garantías laborales y el apoyo social que existe en esos países a la escuela, a los docentes y a la familia. Estas son cuatro grandes debilidades de la educación pública dominicana.  Implementar medidas similares, sin atender estas diferencias, podría resultar en un debilitamiento aún mayor del sistema educativo dominicano.

Sin embargo, otro aspecto muy cuestionable de esta propuesta es precisamente quién la presenta. En efecto, EDUCA ha sido ampliamente objetada y cuestionada públicamente, por incurrir en un serio conflicto de intereses, al ser tanto contratista multimillonaria del Ministerio de Educación, como miembro del Consejo Nacional de Educación, en violación a los principios de transparencia y objetividad de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y en violación a la misma Ley General de Educación de la República Dominicana. El empresariado congregado en EDUCA no es una entidad defensora del derecho a la educación, sino, de los intereses empresariales, que se benefician del presupuesto en educación. Tampoco es esta una entidad especialista en educación, sino, una intermediaria de proyectos y servicios, realizados con el presupuesto de educación. De hecho, en una investigación realizada por el Observatorio Educativo se evidencia que los resultados del contrato grado a grado, que el Ministro Ángel Hernández le asignara a EDUCA, No. C-00052023, por más de RD$ 35,000,000.00 (US$ 649,364.00), para la ejecución del Proyecto Presidencial de Excelencia Académica, no ha alcanzado el logro de ninguna de las metas que se propuso, sin mencionar el agravante de que el personal utilizado para su ejecución y supervisión es parte del mismo personal del Ministerio de Educación (Exdirectores Regionales y Distritales del Ministerio de Educación).

POR QUÉ SON LEGITIMAS LAS PROTESTAS Y PARALIZACIONES DE LOS DOCENTES

Lo que más profundamente afecta el proceso de aprendizaje de niñas y niños en edad escolar son las pésimas condiciones en que se desarrolla la activad escolar pública, no las protestas de los docentes en contra de estas condiciones. Las investigaciones más recientes del Observatorio Educativo Prof. Rafael Santos revelan que las escuelas públicas dominicanas son lugares inhóspitos y que no son ambientes que propicien la generación de situaciones significativas de aprendizaje. Lo que más afecta el aprendizaje en las escuelas públicas es que estas operan más como guarderías que como verdaderos centros educativos. Los estudios recientes revelan que las escuelas públicas carecen de la infraestructura adecuada; de los medios y recursos para el aprendizaje apropiados; de políticas socioeducativas alineadas al perfil de los estudiantes que reciben; del personal docente requerido por norma; del personal de mantenimiento y administrativo necesario y de un sistema de supervisión y control de calidad eficiente, que garantice el derecho a una educación escolar de calidad. En términos económicos, las deficiencias operativas en las que operan las escuelas públicas generan el desaprovechamiento de 02 horas diarias de clases, lo cual equivale a la pérdida diaria de RD$ 190 millones de pesos, lo que anualmente asciende a la pérdida de más de RD$ 36,670,000,000 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Setenta Millones de Pesos), equivalentes al 12% del presupuesto dedicado a la educación pública.

   

LO QUE EDUCA PROMUEVE ES EL ASALTO DEL NEOLIBERALISMO A LA EDUCACIÓN ESCOLAR

A pesar de que las investigaciones más objetivas y actualizadas evidencian que la limitación del derecho al sindicalismo y a la protesta está directamente asociada a la disminución de la clase media y de los derechos humanos (Robert Reich), en su publicación es obvio que lo que EDUCA plantea es simplemente una visión mercantilista de la educación, admitiendo en su propia narrativa que concibe a la educación pública como un servicio y no como un derecho, lo cual no se alinea con la naturaleza de la labor educativa. 

Si bien, es cierto que las interrupciones afectan más a los estudiantes de hogares desfavorecidos, también es fundamental señalar que estas comunidades siempre han dependido de las luchas sindicales para obtener mejoras en la calidad educativa y los recursos disponibles. Sin los movimientos laborales, las brechas educativas podrían incrementarse aún más, debido a la falta de inversión y atención estatal.

En conclusión, reiteramos que la educación es indudablemente una prioridad nacional, pero garantizar su calidad y continuidad no puede lograrse a costa de restringir derechos fundamentales. En cambio, es esencial promover un diálogo inclusivo, objetivo y sin conflicto de intereses, como los que se evidencian en EDUCA, que aborde las causas subyacentes de las huelgas y fortalezca el sistema educativo, desde sus bases.