Revictimización: El tratamiento mediático irresponsable del abuso hacia niños, niñas y adolescentes

 

En estos tiempos, los/las docentes somos los que más tiempo y atención dedicamos a la formación, el cuido y la atención a niños, niñas y adolescentes. La clase docente es la que más vela y trabaja, día a día, para garantizar la integridad física y mental de los más de 2 millones de niños y niñas que asisten a las escuelas públicas dominicanas. Por esto, cuando escuchamos sobre cualquier denuncia de violación sexual contra una niña, perpetuada por algún miembro de un Centro Educativo, nuestro instinto inmediato es hacia el repudio, la condena y la demanda de justicia. De hecho, los informes y las estadísticas de la Procuraduría General de la República resaltan el buen trabajo que hacen los centros educativos, al ser usualmente unos de los primeros en alertar sobre abusos a niños, niñas y adolescentes ante las autoridades. El tema del abuso infantil en la República Dominicana está ampliamente documentado y al revisar las estadísticas de la Procuraduría General de la República se evidencia que, de los casos de violación sexual e incesto, menos del 01% corresponde a maestros. Al estudiar las sentencias judiciales sobre violaciones sexuales a menores e incesto se revela que el mayor vínculo del victimario con la víctima es con sus Padres y Parientes, con un 42% de las sentencias emitidas contra estos (el 59% de las violaciones se dan en el hogar de la víctima); el 32% de las violaciones las perpetúan miembros de la comunidad; un 25% es llevada a cabo por desconocidos, mientras que un 01% han sido cometidas por Curas, Pastores y Docentes.

Tratamiento mediático irresponsable del abuso hacia niños, niñas y adolescentes

En función de la preocupación que nos ocupa, dada la cobertura mediática a una denuncia de abuso a una menor de edad, por parte de un docente, en una escuela pública, en un batey de San Pedro de Macorís, pienso que es importante resaltar lo que, personalmente, considero como un tratamiento mediático irresponsable, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y algunos medios de comunicación, quienes se han olvidado del efecto que esto ha tenido en la estabilidad emocional de la víctima, se han olvidado de sus derechos y de la forma en que este tipo de exposición puede agravar su ya preocupante desgracia y su futuro, en su comunidad, al igual que la de su familia. Ya que no se puede cambiar el pasado y sólo podemos incidir en el futuro, me gustaría hacer algunas recomendaciones a las autoridades y a los medios, para el manejo de este tipo desgracia, en el ánimo de preservar los derechos de las víctimas y ayudarles a sobrevivir su desgracia de forma apropiada y responsable. Les presento una serie de recomendaciones:

1. Inicialmente, ante un rumor o denuncia de este tipo, se debe realizar una investigación que provea datos incontrovertibles, antes que una mediatización sensacionalista y espectacularizante, como, lamentablemente, se ha hecho en este caso. De hecho, el principal acusado del abuso ha desaparecido, precisamente, porque, se le alertó en los medios y las redes sociales sobre la denuncia, en lugar de manejarlo institucionalmente, primero, para poder interpelarlo apropiadamente. Con esto, lo que se logra es interferir en las investigaciones y los aprestos judiciales y ministeriales, que requieren casos como estos, sólo para complacer el morbo mediático.

2. No difundir información que permita identificar a las víctimas dado que la exposición compromete sus derechos. La divulgación de esta información puede provocar la revictimización de quien padeció los hechos y puede exponer a la víctima a situaciones de estigmatización y discriminación, tan terribles como su experiencia anterior. Lamentablemente, en este caso, toda la comunidad del Centro Educativo, del Batey y de la Provincia en donde reside la victima ha sido bombardeada con diferentes versiones de esta denuncia, mucho antes de apoderar a la procuraduría especializada en estos casos y antes de interpelar a los miembros del Centro Educativo y al supuesto victimario. De esta forma, se re-victimiza a la niña, de quien se aprovechan para hacer de ella un objeto del morbo mediático, acosándola, ahora, con todo tipo de especulación con  relación a su persona y a su familia. De igual forma se victimiza a todos los miembros del centro educativo y sus familias.

 3. Evitar tanto la identificación directa -difusión de datos personales, imágenes de vivienda, fotografías y videos sin blurear y audios sin editar (alterando la voz para evitar el reconocimiento)- como la indirecta -difusión de nombres de los padres, familiares, imágenes de escuela y demás espacios de pertenencia. Todo esto ha sido violado por las autoridades  y los medios en este caso, ya que se ha hecho pública la identidad de los padres y familiares abiertamente.

4. Se recuerda la necesidad imperiosa de respetar la vida privada de las personas, en particular niños, niñas y adolescentes. Por ello se recomienda no exhibir información, fotos o datos personales que correspondan a la esfera de privacidad o intimidad, ni detalles escabrosos de sucesos que hubieran involucrado a niños, niñas y adolescentes, o que puedan afectar su dignidad u honor o el desarrollo normal de su vida futura o provocar un mayor sufrimiento.

5. Realizar abordajes respetuosos de la situación que atraviesan víctimas y familiares. Para ello es importante:

– No exponer a cámara o entrevistar a personas en estado de conmoción o cualquier otro estado emocional derivado del hecho que motiva la denuncia. Esto ha sido violado ampliamente en este caso, sin tomar en cuenta las características de la comunidad en la que se ha dado este caso.

– Procurar no centrar la comunicación del hecho en la descripción por-menorizada y repetitiva de lo escabroso-dramático, ya que este tipo de narrativas devienen en una revictimización de las personas afectadas. Lamentablemente, en este caso, en los  medios de comunicación se han dramatizado una serie de conjeturas sobre la relación víctima-victimario que sólo contribuyen a traumatizar más a la víctima y a  su familia.

6. Procurar un abordaje riguroso, no basado en conjeturas o supuestos, sino en fuentes pertinentes y especializadas. Esta ha sido una de las mayores violaciones en este caso, ya que no fue hasta el viernes 22 de noviembre, cuando la procuraduría especializada pudo recibir a los miembros del equipo de gestión del centro educativo involucrado y escuchar su versión de los hechos. En efecto, ni el Distrito Educativo, ni la Regional Educativa correspondientes se reunieron con el equipo de gestión de la escuela, antes de emitir juicios y tomar medidas, sino, que dieron declaraciones públicas y procedieron a hacer acusaciones y denuncias, basados en la denuncia de la parte afectada, el rumor público y en supuestos no confirmados, antes de confrontar al equipo de la escuela y al supuesto victimario, sin respetar la reserva de información procesal de que pudieran disponer las autoridades judiciales.

7. Procurar que los y las profesionales especializados consultados para tratar casos de violencia sexual garanticen el respeto de los derechos de niños o niñas víctimas.

Estas recomendaciones emanan de los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Principios de la Ley 107-13  sobre los Derechos de la Personas anta la Administración Pública; la Ley 136-03 del Código de Protección y los Derechos Fundamentales de las Niñas, los Niños y Adolescentes; el Derecho al Interés Superior; el Derecho a la Dignidad y a la Integridad Personal; el Derecho a la Vida Privada e Intimidad familiar y el Derecho a Opinar y Ser Oído. Esta recomendación alude a niñas, niños y adolescentes, como protagonistas de los casos de este tipo, al igual que en calidad de audiencias de los servicios de comunicación audiovisual.