HAY QUE DAR DATOS REALES

 

A pesar de que toda la evidencia empírica de quienes vivimos el día a día de la escuela y diversas investigaciones locales revelan el serio déficit de infraestrutura y cobertura que afecta a las escuelas públicas, las recientes declaraciones del Señor Presidente de la República sobre la cantidad de niños dominicanos que se quedarían fuera de la escuela el próximo año escolar parecen basarse en información proporcionada por funcionarios del Ministerio de Educación, cuyos datos no reflejan la realidad de manera precisa. 

Es importante destacar que, en relación con el inicio del año escolar pasado en Higüey, de los más de 4,000 estudiantes que no lograban acceder a un cupo debido a la falta de infraestructura, menos de mil fueron trasladados a instituciones privadas. Sin embargo, esta experiencia resulta más frustrante que enriquecedora, ya que, en los colegios privados, estos estudiantes no cuentan con Jornada Escolar Extendida, alimentación escolar, uniformes homogéneos, libros adecuados, ni programas de apoyo para facilitar su transición. LOS ESTUDIANTES NO SON MERAMENTE NÚMEROS O RECURSOS A SER DISTRIBUIDOS INDISCRIMINADAMENTE; SON NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, DIGNA Y EQUITATIVA.

Igualmente, es preocupante que, tras un año, aún no se hayan construido las aulas necesarias en Higüey para evitar que esta problemática se repita. Además, las estadísticas gubernamentales sobre la población que debe recibir educación inicial, entre 2 y 5 años,  revela que SUPERA EL MILLÓN DE NIÑOS. Sin embargo, las escuelas públicas solo atienden a 216,219 de estos, mientras que las instituciones privadas acogen a 166,481. 

Esto indica que, incluso sumando ambos sectores, MÁS DE 600,000 NIÑOS EN EDAD INICIAL PERMANECEN FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO, FUNDAMENTALMENTE POR LA INSUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA. 

En relación con los niveles primario y secundario, la situación es aún más alarmante. La sobrepoblación en las aulas, las precarias condiciones de infraestructura, el déficit de equipos, mobiliario, alimentación adecuada y programas socioeducativos dificultan la implementación de experiencias pedagógicas significativas. Todo ello impide garantizar una educación de calidad que responda a los derechos de todos los dominicanos. En estas condiciones, IR A LA ESCUELA NO ES EQUIVALENTE A RECIBIR EDUCACIÓN.

Estas problemáticas reflejan, en gran medida, el fracaso en la gestión de la educación pública por parte del Ministerio de Educación. La persistencia en mantener en cargos directivos a funcionarios incompetentes, a pesar de los resultados adversos, agrava aún más la situación.

La educación es, sin duda, un derecho fundamental y una ciencia que requiere respeto, compromiso y responsabilidad por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizarla. Es imprescindible que se adopten acciones efectivas y sostenibles para mejorar la situación y cumplir con las expectativas y derechos de la población dominicana.