¿EVALUAR PARA MEJORAR O PARA FALLAR? La crisis de gestión que está detrás del fracaso educativo en República Dominicana

                                 

La calidad del desempeño docente depende estrechamente de la calidad de los funcionarios que los dirigen. Esta relación se vuelve especialmente relevante en el contexto actual, dado que los bajos resultados del sistema educativo dominicano evidencian el impacto de la actual y previas gestiones del Ministerio de Educación, sobre la educación pública. En efecto, el Anuario de Estadísticas Educativas del propio Ministerio indica que, pese a más de una década de inversión equivalente al 4% del PIB en educación, la educación pública atraviesa una seria crisis cualitativa.

El indicador más elocuente del fracaso de las actuales y de las pasadas autoridades del Ministerio de Educación es la baja calidad del gasto educativo. Esto se refleja en el Estudio sobre la Situación de la Primera Infancia, elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), que advierte que más de 600,000 niños y niñas están hoy privados del derecho constitucional a la educación, debido a la falta de más de 20.000 aulas para la educación inicial (de 1 a 5 años).

En los últimos seis años, las inversiones en infraestructura escolar, tecnología, alimentación estudiantil, cobertura, formación docente, así como la supervisión y el control, no se han traducido en mejoras en los indicadores de eficiencia interna de la educación pública dominicana. Los Anuarios de Estadísticas Educativas del Ministerio de Educación muestran una reducción del porcentaje de estudiantes aprobados, que bajó de 97,2% en 2019 a 89,4% en 2025. En el mismo periodo, el porcentaje de reprobados aumentó de 1,4% (2019) a 5,1% (2025), y el abandono escolar se incrementó de 1,4% a 5,5%.

Todo lo anterior se refleja en los bajos resultados de aprendizaje observados en las calificaciones de las pruebas nacionales de los últimos años: en las escuelas públicas, el desempeño promedio de los estudiantes no supera los 60 puntos. Ante esta evidencia, es prioritario concentrar el análisis en el factor con mayor incidencia en la calidad educativa: la gestión central del Ministerio de Educación, por su papel en el diseño y la implementación de las políticas que determinan lo que ocurre diariamente en el aula y en el impacto que tiene en la eficiencia de todos los actores de la comunidad educativa.

Mediante este artículo, el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa responde a la publicación del periódico Diario Libre, del 15 de julio de 2026, de la autoría del exministro de Educación Ángel Hernández, titulada ¿Qué hacer luego de la Evaluación de Desempeño Docente? En su artículo, Ángel Hernández intenta desconocer todos los factores sistémicos que explican los bajos resultados de aprendizaje de los estudiantes de escuelas públicas y alega que la práctica pedagógica de los docentes es el factor que mayor influencia ejerce  sobre los estudiantes, ignorando la naturaleza multifactorial del aprendizaje humano y pasando por alto los 13 factores ligados a la calidad educativa, establecidos en los Artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, los cuales ni su gestión, ni la gestión ministerial actual han sido capaces de garantizar.

Aunque Ángel Hernández sostiene que la aún inconclusa Evaluación del Desempeño Docente constituye un avance relevante, las evidencias indican que este proceso no ha cumplido con los requisitos del sistema de carrera docente de la República Dominicana. En consecuencia, no puede considerarse un diagnóstico auténtico y verificable de las competencias ni de las necesidades reales de formación de los docentes.

Las evidencias que sustentan que la Evaluación de Desempeño Docente ha constituido un fracaso—en términos de autenticidad, objetividad evaluativa y legalidad—son las siguientes:

1. Falta de validación técnica real: se informó a los docentes sobre la validación de 102 instrumentos; no obstante, docentes de distintos niveles, áreas y condiciones fueron evaluados ilegalmente con el mismo instrumento, sin garantía de pertinencia técnica. 

2. Opacidad del soporte y del cálculo: se comunicó la validación en ciberseguridad y la capacidad operativa de la plataforma de evaluación; sin embargo, aún no se conoce el procedimiento para el cálculo de calificaciones.

3. Violación del marco normativo: se incumplió el Artículo 30 de la Orden Departamental 18-2025, que exige que los evaluadores de clases y planificaciones sean pares académicos del mismo nivel y/o área curricular, afectando la imparcialidad y la validez del proceso. 

4. Irregularidades en contratación y acceso a la información: se violó la Ley de Compras y Contrataciones Públicas al contratar sin una licitación pública al Consorcio EPSI-Hound, para el desarrollo de la plataforma y del sistema instrumental de la evaluación. Además, el Ministerio de Educación continúa  violando la Ley de Libre Acceso a la Información Pública al negarse arbitrariamente a hacer entrega de copias del contrato correspondiente. 

5. Incumplimiento de compromisos de pago: se prometieron 12 meses de pagos retroactivos a los docentes, cuyos montos no han sido regularizados a la fecha. 

6. Información pública falsa: se ha afirmado públicamente que la evaluación había sido concluida, pese a que todavía faltan más de 7 mil docentes por evaluar. 

7. Impedimento de la vía legal de impugnación: las autoridades no han cumplido con la constitución del Tribunal de la Carrera Docente para atender impugnaciones, en violación del Artículo 51 del Reglamento del Estatuto del Docente.

 

En conclusión, los vicios descritos revelan la existencia de una evaluación de desempeño fraudulenta y no verificable, que impide derivar un diagnóstico auténtico de necesidades formativas y, por tanto, impide la capacitación pertinente que requiere el profesorado de las escuelas públicas dominicana.